CONSECUENCIA DE LA NO INCLUSIÓN DE COLOMBIA EN LA LISTA DE LA OIT, SOBRE LOS 25 PAISES “VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS” EN EL MUNDO.

INCREMENTO DE ATENTADOS CRIMINALES CONTRA SINDICALISTAS.

1. El pasado sábado 5 de junio de 2010, sobre las 12:30 m., se produjo un atentado criminal en el municipio de Segovia, contra el dirigente sindical de Sintramienergética Seccional Segovia y trabajador de la empresa aurifera -Frontino Gold Mines-, compañero Jhon Jairo Zapata Marulanda, a manos de sicarios en moto, que le propinaron 3 impactos de bala dejándolo gravemente herido, causándole lesiones en sus riñones y pulmones. Previamente fueron amenazados, los trabajadores y pensionados, quienes son los verdaderos dueños de la empresa Frontino Gold Mines y se oponen a la venta. Las amenazas provienen de los defensores de la venta, los cuales dieron 15 días de plazo a los dirigentes sindicales y de pensionados para que renuncien a la empresa y abandonen el municipio de Segovia.

2. ¿Quienes son los beneficiarios de la venta de la Frontino Gold Mines?, detrás de ese negocio está la transnacional Medoro Resources, que se está apoderando de los principales yacimientos de oro del país, cuyo principal accionista es el señor SERAFINO IACONO, quien se refirió dirigiéndose al sindicato y a la asociación de jubilados y pensionados -ASJUPENCES- que eran un pequeño grupo conformado por guerrilleros y paramilitares y que él iba a manejar directamente “ese negocio” con el gobierno. Esta amenaza no se hizo esperar, pues ya están actuando abiertamente y sin ningún recato, además la Superintendencia por orden del señor Presidente de la República, llevó esta empresa a la liquidación con el fin de cedérsela a los monopolios transnacionales y pretenden entregarla a Medoro Resources, por la irrisoria suma de 200 millones de dólares, cuando los activos de la empresa sobrepasan los 1.500 millones de dólares, y como es lógico Sintramienergetica y asjupences que defienden los intereses de los trabajadores y pensionados, también han sido amenazados en cabeza de sus presidentes, teniéndose que desplazar para proteger sus vidas, sin que el Ministerio del Interior tome las medidas adecuadas para proteger a las victimas.

3. El día 6 de Junio de 2010 cayó abatido en la ciudad de Cali, el dirigente sindical Fiscal de Aseinpec; Hernán Ordoñez Dorado, quien venía denunciando la corrupción en la cárcel de mujeres de la capital del Valle, cuyo sindicato es filial de la CGT.

Es absurdo que la OIT, como organismo tripartito no haya incluido a Colombia en la lista de los 25 países más violadores de los “derechos humanos”, desconociendo que desde los años 80, viene dándose un sistemático exterminio de dirigentes sindicales, que pasan de los 4.000 y que en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, la lista de dirigentes sindicales asesinados esté llegando a los 600 y todavía es mas irónico que a la posición de patronos y gobiernos se haya unido el señor Julio Roberto Gómez -Secretario General de la CGT Colombia y flamante representante de los trabajadores en la OIT a nombre de la Confederación Sindical Internacional -CSI-. Desde luego no nos extraña la posición de Julio Roberto, ya que en Colombia se unió a los patronos azucareros contra los corteros de caña en el 2008, defendiendo las Cooperativas de Trabajo Asociado, que haya dividido a los trabajadores de Fenoco en el 2008 y de Drummond, creando sindicatos patronales de bolsillo, así mismo se ha opuesto a las huelgas del sector bananero, como lo han denunciado las organizaciones sindicales de esos sectores, incluida la declaración de la CUT con ocasión de la exclusión de Colombia de la lista de los 25 en la OIT, entre otros hechos abominables que atentan contra los derechos obreros y populares en Colombia.

Por lo tanto rechazamos enérgicamente estos atentados criminales, las amenazas a dirigentes sindicales y populares y exigimos de la OIT, una posición humana y de defensa de la libertad sindical, sistemáticamente violada por los gobiernos y monopolios nacionales y transnacionales

COMITÉ EJECUTIVO
FUNTRAENERGETICA

Bogotá D.C. 8 DE JUNIO DE 2010

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