En el desarrollo carbonero del Cesar, con formidables minas a cielo abierto, una junto a otra, que produjeron este año 43 millones de toneladas de carbón, es donde está hoy a prueba el temple de la política minera del gobierno Santos. En sus dos décadas largas de historia, la minería allí trajo progreso, pero la bonanza reciente, jalonada por los altos precios internacionales, exacerbó sus grandes desequilibrios. Auge y miseria, pueblones descontentos donde rueda el whisky y faltan los servicios, como La Loma y La Jagua; pueblitos agrícolas cercados por las explotaciones, donde la gente añora el aire limpio y el agua clara de cuando eran más pobres, pero más felices. Están presos en una trampa dorada que una institucionalidad débil no ha sabido desactivar.
La riqueza que producen esos yacimientos es estratégica para el país. La veterana empresa estadounidense Drummond, socia de la japonesa Itochu, exportó en 2010 carbón desde sus minas de Pribbenow (La Loma) y El Descanso Norte por casi 2.100 millones de dólares. La gigante suiza Glencore (a través de sus subsidiarias, Prodeco, Carbones de la Jagua, Carbones del Tesoro y Consorcio Minero Unido) sacó de la suyas, Calenturitas y La Jagua, casi 1.000 millones de dólares. La brasileña Vale Rio Tinto con la mina El Hatillo vendió 148 millones de dólares, y le siguen, con operaciones más pequeñas, la Colombian Natural Resources (CNR), hoy en manos del banco estadounidense Goldman Sachs, que explota La Francia y Norcarbón, subsidiaria de la canadiense Pacific Rubiales, que saca carbón de Cerrolargo.
Es estratégica así mismo porque en 20 años largos le ha girado al Estado 4,3 billones de pesos en regalías, según cálculos del Ingeominas. Esto equivale a dos veces y media la inversión que destinó el gobierno para hacer las 4.250 obras de mitigación de los estragos del invierno en todo el país. También lo son porque sumadas las carboneras ofrecen empleo y contratos directos a 25.000 colombianos y generan miles de empleos indirectos más, y con mejores ingresos: un minero gana en promedio hasta cinco veces más que un trabajador agrícola.
"Las empresas que más crecen y ganan hoy en el mundo son las que más invierten en desarrollo social y son más responsables con el medio ambiente", dice, convencido, Frank Pearl, ministro de Medio Ambiente. Pero ese no ha sido siempre el caso de las multinacionales carboneras del Cesar.
Solo después de una revuelta popular en 2007 -la gente estaba desesperada por el mal ambiente en el que vivían-, el gobierno Uribe, a juicio de varios, demasiado laxo con los inversionistas extranjeros, se sacudió la modorra. Convocó a comunidad y mineras y acordaron mejorar el manejo ambiental.
Desde entonces, dice Luz Helena Sarmiento, directora de la nueva Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ha caído la contaminación en un 50 por ciento. Son tres las razones principales: la primera, el extraordinario invierno; la segunda, que salieron más de 1.100 tractomulas de las vías porque las empresas -menos Norcarbón- sacan su carbón en trenes a los puertos; y la tercera, que las empresas han pavimentado casi 20 kilómetros de vías.
No obstante, el gobierno considera que la contaminación es aún demasiado alta y por eso tiene congelados los planes de expansión minera que están solicitando licencia ambiental, que juntos podrían casi duplicar la producción actual de carbón del Cesar. Además le negó a Drummond la licencia para desarrollar El Descanso Sur-Similoa-Rincón Hondo, pero esta pidió reposición de la decisión y el asunto está pendiente.
Reasentamiento demorado
En 2010, la gente volvió a bloquear las vías. El Minambiente ordenó a las mineras hacer bolsa común y contratar a un tercero para reasentar a Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, tres aldeas con 150 o 200 casas cada una, enclavadas entre los pits de varias minas (ver mapa). Fue una decisión que buscó proteger con urgencia a esos pobladores afectados, pero fue antisalomónica: dejó a todos descontentos.
Algunas de las empresas venían negociando la compra de sus viviendas directamente con el poblado más cercano a su mina, pero tuvieron que suspenderlas. El alcalde de El Paso no volvió a invertir en Plan
Bonito y El Hatillo, asumiendo que cuando fueran reasentados, la plata se perdería. Y la mitad de Boquerón no quiere que la trasladen porque por fin tienen acueducto y escuela.
Ante las quejas de la comunidad de Plan Bonito y El Hatillo, a punta de insistencia, el defensor del Pueblo del Cesar, Agustín Flórez, consiguió que la Secretaría de Salud Departamental investigara la salud en El Hatillo. Descubrió que el 51 por ciento de sus habitantes sufren de "enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental tales como las del sistema respiratorio, enfermedades de la piel y de los ojos". Las historias de males se repiten allí. Leanis cuenta que el agua se pone ácida con el carbón y le causa unos salpullidos infectos a su hijo Dailer, de 3 años, y don Alberto Mejía, líder comunitario que vive allí hace 43 años, atestigua cómo se les dañó su agua de pozo, que antes era dulce y sabrosa.
En Plan Bonito la carbonilla flota siempre en el aire caliente y la bronquitis crónica es pan de cada día. Cuentan allí que Dionisia Ochoa, de 66 años; Augusto Jiménez, de 57, e Isidro Sosa, de 40, murieron asfixiados. Nadie se atreve a echarle la culpa al carbón, pero antes de la minería ninguno en esos pagos se moría de ahogo. La Fundación Calenturitas de Prodeco hizo una escuelita, pero la entrada es un pantano intransitable y adentro dan grima los pupitres que recibieron regalados de las sobras de El Hatillo.
El plazo para reasentar Plan Bonito venció en septiembre pasado. Recién en noviembre, Fonade, como contratista de las mineras, terminó el censo para determinar el valor del patrimonio de sus humildes habitantes. José del Carmen Peña, líder del poblado, explica que ellos han pedido que les paguen sus propiedades y una indemnización por los perjuicios que les causaron. "Nos confiábamos tanto de las empresas -dijo, desconsolado, don José-, pero todavía no conseguimos que nos cumplan".
Ahora falta que las mineras se pongan de acuerdo para poner el dinero, pues hay agrias diferencias entre Drummond y Prodeco. En El Hatillo, la comunidad no ha dejado hacer el censo, porque aún no tienen claridad de cómo seguiría el proceso. "Pedimos que nos consulten -dice el líder comunal Alberto Mejía hijo- y que a donde nos vayan a reasentar no haya riesgo. ¿Y quién nos responde por la indemnización?". La semana pasada aún seguían las reuniones para aterrizar el plan del traslado.
El ministro Pearl reconoció que no tienen un plan de emergencia para evitar que, mientras se da el reasentamiento, la gente de estas comunidades se siga enfermando y sacarlas del estado de abandono en que están.
Sobre El Boquerón, el Ministerio del Interior dijo que debía hacerse una consulta previa con las comunidades negras asentadas allí, para que aprueben la relocalización.
Regulación difícil
El Minambiente ha multado a Glencore, Vale y Norcarbón por 1.135 millones de pesos en los últimos tres años por diferentes violaciones ambientales. Estas han pagado algunas y otras están en revisión. La multa más alta, por 1.604 millones de pesos, se la puso a Drummond y quedó en firme en 2009, por haber realizado sin su permiso una carretera entre sus dos minas de La Loma y El Descanso. Argumentando que sí tuvo autorización de Corpocesar, la minera no ha pagado la multa y ha pedido que la anulen.
Luego de los publicitados problemas de contaminación de playas y merma de pesca, el gobierno Uribe prohibió puertos de cargue de carbón por barcazas a partir de enero de 2013, con la excepción de Carbosan. Glencore, cuyo puerto queda en Santa Marta, construye Puerto Nuevo en Ciénaga, que estrenará en 2013. Hace unos días, Drummond obtuvo permiso para modificar su licencia portuaria y espera completar las modificaciones para cargue directo en 2014.
Otros problemas ambientales tienen que ver con la alteración de los cursos de las aguas que fluyen naturalmente desde la Serranía del Perijá hacia la Ciénaga de Zapatosa atravesando la zona minera. Un hacendado, quien perdió un enorme proyecto de reforestación por las inundaciones, asegura que estas fueron causadas por el desvío que hizo Prodeco del río Calenturitas.
Las autoridades también investigan si las mineras pueden estar fallando en otras obligaciones. Así, la Superintendencia de Sociedades abrió una investigación a la Glencore, porque si bien había informado sobre el control de varias sociedades, no había declarado su condición de grupo empresarial, como lo obligaba la ley. Una fuente de Prodeco explicó que, luego de la notificación de la Superintendencia, estaban trabajando para cumplir las normas.
La Dian encontró incongruencias en el sector carbonero, como que en 2010 declararon patrimonios mayores en sus declaraciones de impuesto a la renta que en las de impuesto al patrimonio.
Otras entidades del Estado están además revisando que las carboneras estén pagando las regalías y compensaciones debidas. Pero la tarea no es fácil. Cada empresa que extrae carbón en Cesar tiene uno o varios contratos que se rigen por arreglos y precios de referencia diferentes, según las cambiantes normas legales bajo las cuales los firmaron.
Entre las autoridades locales hay malestar porque, como dijo a SEMANA un extesorero del departamento, hay fallas estructurales en las exigencias de contratos y planes ambientales que no tienen en cuenta las responsabilidades de las empresas frente a los problemas que generan: aumento en la morbilidad, desequilibrio del ecosistema, encarecimiento de precios, tejido social deteriorado, entre otros.
La fiesta de las regalías
La cuota de responsabilidad de los gobiernos locales en la mala calidad de vida también es grande. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), que le hace una vigilancia preventiva al gasto de regalías, tiene suspendidos los giros a Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua, los cuatro municipios mayores productores de carbón en el Cesar. En sus reportes desde 2007, el DNP ha encontrado 309 faltas, como violaciones al régimen de regalías y disciplinario, inadecuado manejo del presupuesto, y 206 de estas irregularidades están asociadas a la contratación.
Llama la atención, por ejemplo, que firmas en las que es socio Javier Hadad -aliado de los Nule involucrado en el escándalo del carrusel de las contrataciones en Bogotá- tienen contratos por 14.700 millones de pesos con Chiriguaná y por 2.100 millones con La Jagua.
No sorprende que sus resultados sociales sean lamentables. Así, en La Jagua, que recibió 7,6 millones de pesos por habitante en promedio, todavía se mueren 38 niños de cada 1.000 que nacen antes de cumplir el primer año, una tasa que casi duplica el promedio de Colombia, que es de 19,9. Chiriguaná recibió 9,1 millones por habitante, y allí la tasa es de 36,7. Sus desempeños en servicios públicos son igualmente patéticos: El Paso, que recibió 38.000 millones de pesos, apenas tiene una cobertura de 30 por ciento en alcantarillado.
Aunque a menudo expulsan del cargo a los funcionarios corruptos, ellos se van millonarios a sus casas. "Hasta que el Estado no encuentre cómo dejarlos presos y en la ruina, no parará el robo", dijo un líder empresarial del Cesar. También, como dijo un empresario, hay detrás mafias heredadas del paramilitarismo y la guerrilla, que obligan a los acaldes a darles una tajada de los dineros públicos.
El gobierno Santos está a punto de aprobar en el Congreso la reforma a la Ley de Regalías que redistribuye mejor nacionalmente estos recursos e impone nuevos filtros para impedir que las dilapiden. Aun así, los territorios productores seguirán recibiendo millones en regalías, y si las élites locales no entienden que esta es una cosecha irrepetible y que están dejando que el futuro se deshaga en sus manos, no es de esperar que corran mejor suerte.
El futuro
Las perspectivas del negocio carbonero para el futuro del Cesar y para la economía del país son magníficas. Serán por lo menos 40 o 50 años más con un chorro de unos 6.500 millones de dólares anuales, si se autorizaran todos los proyectos que están pidiendo licencia, que dejarían unos 300 millones de dólares por año en regalías. Semejante producción minera, con una segunda línea del ferrocarril y tres puertos de cargue directo que estarían funcionando en 2014, pueden servir de soporte a un complejo industrial que alimente las necesidades de los emprendimientos mineros.
Ahora, al menos en teoría, la idea de que ese crecimiento no puede seguir siendo ambientalmente desordenado y socialmente desigual empieza a calar. El impacto ambiental del complejo minero que ocupará un territorio, que, según cálculos de Alberto Gutiérrez, asesor minero de la Gobernación, será tres veces el que ocupa hoy Bogotá, puede ser catastrófico si la regulación ambiental no es clara y firme. El conflicto social y la corrupción política también pueden truncar la producción, si gobierno y empresas no consiguen que las instituciones locales se afiancen y la bonanza económica incluya a los más pobres y vulnerables.
Según dijeron a SEMANA varios funcionarios del gobierno Santos, la idea es tener una posición unificada para que una rienda más corta se traduzca en un mejor desempeño fiscal, social y ambiental de las empresas.
El hecho de que las grandes empresas de la región tengan ahora parte de su capital en bolsa facilitará el control. Glencore salió a bolsa en Londres y Hong Kong en mayo pasado y esto la obliga a abrirse y cambiar su cultura, hasta ahora signada por el secreto. Drummond, que ha sido tan cerrada a la opinión pública, vendió el 20 por ciento de sus activos a Itochu, una empresa japonesa que cotiza en bolsa. Ahora, gobierno y opinión pública tendrán cada vez un mayor acceso a las cifras y actividades de estas mineras, y estas tienen mayor necesidad de cumplir con los estándares internacionales de gobernabilidad y transparencia para no afectar su valor.
La tercera estrella que le puede augurar un buen futuro al Cesar es el mejor control y distribución de las regalías. "Tenemos un trabajo social que mostrar pero debemos incidir más en la buena utilización de las regalías", dijo a SEMANA Augusto Jiménez, presidente de Drummond.
Que la constelación pinte bien no quiere decir que el destino venturoso ya esté escrito. El gobierno deberá traducir su nueva filosofía en disposición real de sacar del juego a quien no cumpla, y para meter a las mineras en esta nueva ética del desarrollo debe trazar una política coherente y de largo plazo, coordinada con autoridades locales y comunidades.
Varios empresarios le dijeron a SEMANA que han recibido bien el anuncio del gobierno de que será más firme pero también más coordinado en sus exigencias. Aún les falta demostrar que eso significa que entienden que su negocio no será sostenible -o por lo menos no lo será sin ásperos conflictos - si no asumen una política de responsabilidad social y ambiental más ambiciosa. La minería, la economía y los colombianos más vulnerables tendrán mucho que ganar si este anunciado acuerdo de voluntades pasa la prueba ácida en Cesar.
Es estratégica así mismo porque en 20 años largos le ha girado al Estado 4,3 billones de pesos en regalías, según cálculos del Ingeominas. Esto equivale a dos veces y media la inversión que destinó el gobierno para hacer las 4.250 obras de mitigación de los estragos del invierno en todo el país. También lo son porque sumadas las carboneras ofrecen empleo y contratos directos a 25.000 colombianos y generan miles de empleos indirectos más, y con mejores ingresos: un minero gana en promedio hasta cinco veces más que un trabajador agrícola.
"Las empresas que más crecen y ganan hoy en el mundo son las que más invierten en desarrollo social y son más responsables con el medio ambiente", dice, convencido, Frank Pearl, ministro de Medio Ambiente. Pero ese no ha sido siempre el caso de las multinacionales carboneras del Cesar.
Solo después de una revuelta popular en 2007 -la gente estaba desesperada por el mal ambiente en el que vivían-, el gobierno Uribe, a juicio de varios, demasiado laxo con los inversionistas extranjeros, se sacudió la modorra. Convocó a comunidad y mineras y acordaron mejorar el manejo ambiental.
Desde entonces, dice Luz Helena Sarmiento, directora de la nueva Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ha caído la contaminación en un 50 por ciento. Son tres las razones principales: la primera, el extraordinario invierno; la segunda, que salieron más de 1.100 tractomulas de las vías porque las empresas -menos Norcarbón- sacan su carbón en trenes a los puertos; y la tercera, que las empresas han pavimentado casi 20 kilómetros de vías.
No obstante, el gobierno considera que la contaminación es aún demasiado alta y por eso tiene congelados los planes de expansión minera que están solicitando licencia ambiental, que juntos podrían casi duplicar la producción actual de carbón del Cesar. Además le negó a Drummond la licencia para desarrollar El Descanso Sur-Similoa-Rincón Hondo, pero esta pidió reposición de la decisión y el asunto está pendiente.
Reasentamiento demorado
En 2010, la gente volvió a bloquear las vías. El Minambiente ordenó a las mineras hacer bolsa común y contratar a un tercero para reasentar a Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, tres aldeas con 150 o 200 casas cada una, enclavadas entre los pits de varias minas (ver mapa). Fue una decisión que buscó proteger con urgencia a esos pobladores afectados, pero fue antisalomónica: dejó a todos descontentos.
Algunas de las empresas venían negociando la compra de sus viviendas directamente con el poblado más cercano a su mina, pero tuvieron que suspenderlas. El alcalde de El Paso no volvió a invertir en Plan
Bonito y El Hatillo, asumiendo que cuando fueran reasentados, la plata se perdería. Y la mitad de Boquerón no quiere que la trasladen porque por fin tienen acueducto y escuela.
Ante las quejas de la comunidad de Plan Bonito y El Hatillo, a punta de insistencia, el defensor del Pueblo del Cesar, Agustín Flórez, consiguió que la Secretaría de Salud Departamental investigara la salud en El Hatillo. Descubrió que el 51 por ciento de sus habitantes sufren de "enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental tales como las del sistema respiratorio, enfermedades de la piel y de los ojos". Las historias de males se repiten allí. Leanis cuenta que el agua se pone ácida con el carbón y le causa unos salpullidos infectos a su hijo Dailer, de 3 años, y don Alberto Mejía, líder comunitario que vive allí hace 43 años, atestigua cómo se les dañó su agua de pozo, que antes era dulce y sabrosa.
En Plan Bonito la carbonilla flota siempre en el aire caliente y la bronquitis crónica es pan de cada día. Cuentan allí que Dionisia Ochoa, de 66 años; Augusto Jiménez, de 57, e Isidro Sosa, de 40, murieron asfixiados. Nadie se atreve a echarle la culpa al carbón, pero antes de la minería ninguno en esos pagos se moría de ahogo. La Fundación Calenturitas de Prodeco hizo una escuelita, pero la entrada es un pantano intransitable y adentro dan grima los pupitres que recibieron regalados de las sobras de El Hatillo.
El plazo para reasentar Plan Bonito venció en septiembre pasado. Recién en noviembre, Fonade, como contratista de las mineras, terminó el censo para determinar el valor del patrimonio de sus humildes habitantes. José del Carmen Peña, líder del poblado, explica que ellos han pedido que les paguen sus propiedades y una indemnización por los perjuicios que les causaron. "Nos confiábamos tanto de las empresas -dijo, desconsolado, don José-, pero todavía no conseguimos que nos cumplan".
Ahora falta que las mineras se pongan de acuerdo para poner el dinero, pues hay agrias diferencias entre Drummond y Prodeco. En El Hatillo, la comunidad no ha dejado hacer el censo, porque aún no tienen claridad de cómo seguiría el proceso. "Pedimos que nos consulten -dice el líder comunal Alberto Mejía hijo- y que a donde nos vayan a reasentar no haya riesgo. ¿Y quién nos responde por la indemnización?". La semana pasada aún seguían las reuniones para aterrizar el plan del traslado.
El ministro Pearl reconoció que no tienen un plan de emergencia para evitar que, mientras se da el reasentamiento, la gente de estas comunidades se siga enfermando y sacarlas del estado de abandono en que están.
Sobre El Boquerón, el Ministerio del Interior dijo que debía hacerse una consulta previa con las comunidades negras asentadas allí, para que aprueben la relocalización.
Regulación difícil
El Minambiente ha multado a Glencore, Vale y Norcarbón por 1.135 millones de pesos en los últimos tres años por diferentes violaciones ambientales. Estas han pagado algunas y otras están en revisión. La multa más alta, por 1.604 millones de pesos, se la puso a Drummond y quedó en firme en 2009, por haber realizado sin su permiso una carretera entre sus dos minas de La Loma y El Descanso. Argumentando que sí tuvo autorización de Corpocesar, la minera no ha pagado la multa y ha pedido que la anulen.
Luego de los publicitados problemas de contaminación de playas y merma de pesca, el gobierno Uribe prohibió puertos de cargue de carbón por barcazas a partir de enero de 2013, con la excepción de Carbosan. Glencore, cuyo puerto queda en Santa Marta, construye Puerto Nuevo en Ciénaga, que estrenará en 2013. Hace unos días, Drummond obtuvo permiso para modificar su licencia portuaria y espera completar las modificaciones para cargue directo en 2014.
Otros problemas ambientales tienen que ver con la alteración de los cursos de las aguas que fluyen naturalmente desde la Serranía del Perijá hacia la Ciénaga de Zapatosa atravesando la zona minera. Un hacendado, quien perdió un enorme proyecto de reforestación por las inundaciones, asegura que estas fueron causadas por el desvío que hizo Prodeco del río Calenturitas.
Las autoridades también investigan si las mineras pueden estar fallando en otras obligaciones. Así, la Superintendencia de Sociedades abrió una investigación a la Glencore, porque si bien había informado sobre el control de varias sociedades, no había declarado su condición de grupo empresarial, como lo obligaba la ley. Una fuente de Prodeco explicó que, luego de la notificación de la Superintendencia, estaban trabajando para cumplir las normas.
La Dian encontró incongruencias en el sector carbonero, como que en 2010 declararon patrimonios mayores en sus declaraciones de impuesto a la renta que en las de impuesto al patrimonio.
Otras entidades del Estado están además revisando que las carboneras estén pagando las regalías y compensaciones debidas. Pero la tarea no es fácil. Cada empresa que extrae carbón en Cesar tiene uno o varios contratos que se rigen por arreglos y precios de referencia diferentes, según las cambiantes normas legales bajo las cuales los firmaron.
Entre las autoridades locales hay malestar porque, como dijo a SEMANA un extesorero del departamento, hay fallas estructurales en las exigencias de contratos y planes ambientales que no tienen en cuenta las responsabilidades de las empresas frente a los problemas que generan: aumento en la morbilidad, desequilibrio del ecosistema, encarecimiento de precios, tejido social deteriorado, entre otros.
La fiesta de las regalías
La cuota de responsabilidad de los gobiernos locales en la mala calidad de vida también es grande. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), que le hace una vigilancia preventiva al gasto de regalías, tiene suspendidos los giros a Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua, los cuatro municipios mayores productores de carbón en el Cesar. En sus reportes desde 2007, el DNP ha encontrado 309 faltas, como violaciones al régimen de regalías y disciplinario, inadecuado manejo del presupuesto, y 206 de estas irregularidades están asociadas a la contratación.
Llama la atención, por ejemplo, que firmas en las que es socio Javier Hadad -aliado de los Nule involucrado en el escándalo del carrusel de las contrataciones en Bogotá- tienen contratos por 14.700 millones de pesos con Chiriguaná y por 2.100 millones con La Jagua.
No sorprende que sus resultados sociales sean lamentables. Así, en La Jagua, que recibió 7,6 millones de pesos por habitante en promedio, todavía se mueren 38 niños de cada 1.000 que nacen antes de cumplir el primer año, una tasa que casi duplica el promedio de Colombia, que es de 19,9. Chiriguaná recibió 9,1 millones por habitante, y allí la tasa es de 36,7. Sus desempeños en servicios públicos son igualmente patéticos: El Paso, que recibió 38.000 millones de pesos, apenas tiene una cobertura de 30 por ciento en alcantarillado.
Aunque a menudo expulsan del cargo a los funcionarios corruptos, ellos se van millonarios a sus casas. "Hasta que el Estado no encuentre cómo dejarlos presos y en la ruina, no parará el robo", dijo un líder empresarial del Cesar. También, como dijo un empresario, hay detrás mafias heredadas del paramilitarismo y la guerrilla, que obligan a los acaldes a darles una tajada de los dineros públicos.
El gobierno Santos está a punto de aprobar en el Congreso la reforma a la Ley de Regalías que redistribuye mejor nacionalmente estos recursos e impone nuevos filtros para impedir que las dilapiden. Aun así, los territorios productores seguirán recibiendo millones en regalías, y si las élites locales no entienden que esta es una cosecha irrepetible y que están dejando que el futuro se deshaga en sus manos, no es de esperar que corran mejor suerte.
El futuro
Las perspectivas del negocio carbonero para el futuro del Cesar y para la economía del país son magníficas. Serán por lo menos 40 o 50 años más con un chorro de unos 6.500 millones de dólares anuales, si se autorizaran todos los proyectos que están pidiendo licencia, que dejarían unos 300 millones de dólares por año en regalías. Semejante producción minera, con una segunda línea del ferrocarril y tres puertos de cargue directo que estarían funcionando en 2014, pueden servir de soporte a un complejo industrial que alimente las necesidades de los emprendimientos mineros.
Ahora, al menos en teoría, la idea de que ese crecimiento no puede seguir siendo ambientalmente desordenado y socialmente desigual empieza a calar. El impacto ambiental del complejo minero que ocupará un territorio, que, según cálculos de Alberto Gutiérrez, asesor minero de la Gobernación, será tres veces el que ocupa hoy Bogotá, puede ser catastrófico si la regulación ambiental no es clara y firme. El conflicto social y la corrupción política también pueden truncar la producción, si gobierno y empresas no consiguen que las instituciones locales se afiancen y la bonanza económica incluya a los más pobres y vulnerables.
Según dijeron a SEMANA varios funcionarios del gobierno Santos, la idea es tener una posición unificada para que una rienda más corta se traduzca en un mejor desempeño fiscal, social y ambiental de las empresas.
El hecho de que las grandes empresas de la región tengan ahora parte de su capital en bolsa facilitará el control. Glencore salió a bolsa en Londres y Hong Kong en mayo pasado y esto la obliga a abrirse y cambiar su cultura, hasta ahora signada por el secreto. Drummond, que ha sido tan cerrada a la opinión pública, vendió el 20 por ciento de sus activos a Itochu, una empresa japonesa que cotiza en bolsa. Ahora, gobierno y opinión pública tendrán cada vez un mayor acceso a las cifras y actividades de estas mineras, y estas tienen mayor necesidad de cumplir con los estándares internacionales de gobernabilidad y transparencia para no afectar su valor.
La tercera estrella que le puede augurar un buen futuro al Cesar es el mejor control y distribución de las regalías. "Tenemos un trabajo social que mostrar pero debemos incidir más en la buena utilización de las regalías", dijo a SEMANA Augusto Jiménez, presidente de Drummond.
Que la constelación pinte bien no quiere decir que el destino venturoso ya esté escrito. El gobierno deberá traducir su nueva filosofía en disposición real de sacar del juego a quien no cumpla, y para meter a las mineras en esta nueva ética del desarrollo debe trazar una política coherente y de largo plazo, coordinada con autoridades locales y comunidades.
Varios empresarios le dijeron a SEMANA que han recibido bien el anuncio del gobierno de que será más firme pero también más coordinado en sus exigencias. Aún les falta demostrar que eso significa que entienden que su negocio no será sostenible -o por lo menos no lo será sin ásperos conflictos - si no asumen una política de responsabilidad social y ambiental más ambiciosa. La minería, la economía y los colombianos más vulnerables tendrán mucho que ganar si este anunciado acuerdo de voluntades pasa la prueba ácida en Cesar.
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